Ayer me desayuné con esta noticia en un tuit de Blog de la Unión:
Esto me da pie para poner negro sobre blanco unas ideas que me preocupan.
Llevo desde que salió el powerpoint "globosonda" de la LSP escuchando razonamientos sobre el presunto interés de Competencia por "liberalizar" los servicios que prestamos los arquitectos (de otras profesiones no conozco el detalle, aunque me puedo imaginar...).
Mi experiencia profesional la he desarrollado desde siempre como pyme, soy un empresario a la vez que profesional. Y mis principales obstáculos a la hora de ejercer como tal (crear empleo, invertir, asentar mi empresa como proyecto a largo plazo) han venido de la intervención de la administración.
Tengo una mucha experiencia en realizar trabajos fuera de mi comunidad autónoma (Asturias) y me ha tocado lidiar con trabas burocráticas y administrativas, costosas y absurdas. Trabas que no me generan beneficio y sí le generan costes a mis clientes. Yo simplemente se los traslado.
Principalmente he encontrado dos trabas importantes en el ejercicio de la profesión: la eliminación de los honorarios mínimos y la ley ómnibus, que supusieron, por incompetencia de Competencia, el mayor lastre de aquellos que queremos prestar nuestros servicios de manera moderna y competitiva.
La eliminación de las tarifas mínimas ya estaba vigente cuando empecé a ejercer, y es la principal agarradera de la opacidad en el mercado de los servicios de arquitectura a particulares.
Es evidente para cualquier arquitecto que Competencia desconoce por completo el funcionamiento del mercado de estos servicios.
Una de las peculiaridades más importantes de nuestra profesión es que los clientes, en un 99% de los casos, lo son por una o dos veces en la vida.
Cuando compramos zapatos, la experiencia es tan iterativa y transparente, que el usuario tiene una buena base de comparación en su propia experiencia. Los daños de una mala decisión son fácilmente corregibles y los precios se ajustan con eficacia. Soy convencido liberal, confío en el funcionamiento del mercado si hay normas y transparencia. Pero cuando se trata de ofrecer un servicio tan complejo como un proyecto de arquitectura, y que comprende responsabilidades de tal envergadura. Hay que profundizar, y aprender de la experiencia antes de establecer las normas.
Antes de la supresión de los honorarios mínimos, el promotor elegía de entre la oferta de arquitectos a aquél que le ofrecía el mejor servicio, la mayor confianza, su seguridad. Cabía incluso la opción de que decidiera contratar servicios más caros a aquél arquitecto que ofreciera un plus a su trabajo. Pura competencia por la transparencia de los precios. E incentivo a la competitividad vía incremento de calidad en el servicio. Los honorarios mínimos sólo evitan el dumping.
El efecto en obra era un profesional que tenía "armas" para llevar su labor de responsabilidad sobre proyecto y ejecución, siendo contrapoder del constructor, ahorrando costes de obra y, muy importante, siendo un auténtico garante de la seguridad en obra.
La supresión de los honorarios mínimos supone que el profesional debe competir a ciegas con otros profesionales (por opacidad del mercado, las tarifas se convierten en una apuesta previa, un casino) que son incentivados a ajustar al máximo el servicio que ofrecen porque los honorarios que establece, en fase de "apuesta", se han limitado al máximo. Es un efecto natural del mercado, se compite en precio y, una vez establecido, el servicio se ajusta. Hay menor control de los costes de obra y hay mayor siniestralidad. A largo plazo hay una merma en la calidad de la edificación.
Es como si fuéramos a varias zapaterías, buscáramos un precio que se ajuste a nuestro bolsillo y luego, el zapatero nos confecciona el que le encaja... es fácil imaginar el resultado: zapatos malos a alto precio y el buen zapatero fuera del mercado. Ya, con los zapatos siempre hay una nueva oportunidad. En edificación se generan litigios con alto coste económico y personal.
Este proceso tiene una adenda, Competencia perseguía a los colegios profesionales para que no ofrecieran honorarios mínimos orientativos. De tan ridículo que es no requiere mucho comentario. Prohíben ofrecer información, en la era de internet... sí, la risa.
Y una coletilla: en Alemania, por ejemplo, hay tarifas de honorarios obligatorias.
Recientemente se unió a esta situación la ley ómnibus, que está muy bien pero que, también por incompetencia de Competencia, en lugar de liberalizar ha establecido trabas que encarecen nuestro producto.
Esta ley aportó algunas mejoras al funcionamiento de la profesión pero, a tenor de las "peoras" me inclino a pensar que se trata de efectos propios del azar.
Que se separe el coste de visado del coste de colegiación a mí (y salvando situaciones muy injustas en la implantación) me parece muy bien. No creo que eso pueda afectar a las tarifas de nuestros servicios significativamente por el porcentaje que suponen respecto a los costes fijos de los honorarios. Y si por ley deben cubrir costes en condiciones de mercado, poco se puede ahorrar.
De nuevo se establecieron barreras a la libre competencia al impedir la "habilitación" como procedimiento de acreditación. Claro, visto desde los ojos del que ni se molesta en estudiar la materia con la que trata, es una buena medida.
Pero el efecto real es el siguiente: cuando yo quería visar un trabajo "preomnibus", enviaba un fax al colegio donde correspondía y éste hacía una comprobación telemática con mi colegio de que reunía las garantías suficientes para ejercer, ya sólo me restaba enviar la documentación y visar con normalidad.
Ahora el proceso se ha complicado, debo ser yo el que activamente, duplique el trabajo que ya realiza mi colegio y, para cada trabajo, presente en el colegio de destino la información que me habilita, la certificación de contar con una póliza de responsabilidad civil... eso cuesta tiempo, y dinero... nos hace menos competitivos.
Y claro, la contrapartida era que se podían visar los trabajos en el colegio de origen. Muy eficaz. El problema no somos los profesionales que somos los que batallamos con el visado, el problema es la maraña de legislaciones diferentes a nivel autonómico y a nivel local que impiden que un señor de Avilés pueda visar un trabajo en Málaga con la suficiente seguridad jurídica. Y por tanto necesita, para evitar costes innecesarios al cliente (en tiempos y en dinero), que haya una mínima comprobación de formalidades extra-arquitectónicas in situ. El problema, parte de la administración, se lo come el cliente y nos genera trabajo inútil. Yo, por mucho que en Competencia me imaginen así, no soy un comisionista, esos márgenes no me interesan, mis productos son la ideación y la responsabilidad.
Si la CNC necesita orientación, que estudien con detenimiento, bajando al barro, las condiciones en las que se produce la concurrencia competitiva de los servicios de arquitectura de promoción pública. Los concursos. Que, de nuevo, dan lugar a un casino de apuestas económicas que se resuelven luego ajustando la calidad del servicio, cuando no los costes con alzas opacas. Y en este caso el promotor es la administración, que normalmente hace dejación de toda su responsabilidad como agente en la edificación. Ese sí que es un "segmento tradicionalmente menos expuesto a la competencia".
Mi opinión es que en las últimas décadas la CNC, en nuestro sector, ha actuado como el principal destructor de la competencia y el libre mercado. Ha sido el mejor aliado de las barreras a la competitividad de los profesionales de la arquitectura.
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